domingo, 17 de abril de 2011

Soja transgénica: sentencia de muerte para Argentina

Claire Robinson
LAB - Latin America Bureau

La fumigación del herbicida glifosato, sobre soya modificada genéticamente (GM) del tipo Roundup Ready, está llegando, en Argentina, a la línea de fuego de científicos y residentes, quienes dicen que produce problemas de salud y daño ambiental. La soya GM ha sido sometida a la ingeniería genética para que tolere la fumigación con glifosato, cuya fórmula más común es Roundup®. El gen de Roundup Ready permite que el granjero fumigue en abundancia el herbicida sobre el campo, matando así las malezas, pero permitiendo que crezca el cultivo.

Argentina se ha convertido en un experimento gigantesco del modelo de cultivo de soya GM. En la década de 1990, el gobierno argentino sacó al país de una recesión económica mediante reestructurar la economía en torno a la soya GM. Hacia 2009, el cultivo ocupaba 19 millones de hectáreas, más de la mitad del área de tierras cultivadas del país. Este cultivo se fumigó con más de 200 millones de litros de glifosato. A menudo, la fumigación se lleva a cabo desde el aire, lo que aumenta los problemas de que sea llevado por el viento.


Ya en 2002, dos años después de que se obtuvieran las primeras cosechas grandes de soya GM del país, los residentes y médicos de las áreas de producción de soya empezaron a informar de graves efectos sobre la salud causados por la fumigación con glifosato, incluso altas tasas de defectos congénitos, como asimismo, de esterilidad, partos de feto muerto, abortos espontáneos y cáncer. Los efectos sobre el medio ambiente incluyen destrucción de cultivos alimenticios, muerte de ganado y arroyos con peces muertos.

Tales informes adquirieron importancia científica con la publicación de un estudio del científico del gobierno argentino Prof. Andrés Carrasco, estudio que determinó que el glifosato produce malformaciones en embriones de rana y pollo, con dosis muchísimo menores que las usadas para la fumigación agrícola. Carrasco expresó: «Lo hallado en el laboratorio es congruente con las malformaciones observadas en seres humanos expuestos al glifosato durante el embarazo». Al comentársele sobre la difundida creencia de que el glifosato es un herbicida seguro, Carrasco dijo: «Sospecho que la clasificación de toxicidad del glifosato es demasiado baja […] en algunos casos éste puede ser un poderoso veneno».

Carrasco es director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y principal investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. Su destacada carrera no lo ha protegido de los ataques de quienes defienden los agroquímicos en el gobierno y la industria. Después de que anunció sus hallazgos en 2009, dijo que se envió a cuatro personas de la asociación gremial para la protección de los cultivos de Argentina (CASAFE) para que trataran de inspeccionar su laboratorio, y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina lo «reprendió seriamente».

Carrasco dijo: «A pesar de la evidencia, todavía trataron de mancillar mi reputación de 30 años como científico. Son hipócritas, lacayos de las grandes empresas, pero están asustados. Saben que no pueden tapar el sol con una mano. Existe una prueba científica y, sobre todo, hay cientos de ciudades afectadas, que son la prueba viviente de esta emergencia de salud pública».

La actitud hostil ante los hallazgos de Carrasco presentó un cariz violento cuando una multitud organizada atacó a la gente que se había reunido para oír hablar al científico en la ciudad agrícola de La Leonesa. Tres personas resultaron gravemente heridas. Carrasco y un colega se encerraron en un auto y fueron rodeados por personas que lanzaron violentas amenazas y golpearon el auto durante dos horas. Hubo testigos que declararon que el ataque fue organizado por funcionarios y un productor de arroz locales, para proteger intereses económicos tras la agroindustria local. Amnistía Internacional ha pedido una investigación.

A raíz de los hallazgos de Carrasco y de otros informes sobre problemas de salud, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentó una petición a la Corte Suprema de Argentina para que prohibiera el uso de glifosato. Pero tanta es la dependencia de Argentina del modelo de cultivo de soya GM, que Guillermo Cal, director ejecutivo de la asociación gremial para la protección de los cultivos (CASAFE), dijo que una prohibición significaría que «no podríamos practicar la agricultura en Argentina». Por añadidura, el gobierno depende considerablemente de los aranceles recaudados por las exportaciones de soya y sigue una política proteccionista para con la industria.

En efecto, el estudio realizado por Carrasco es sólo el más reciente de una serie que muestra los riesgos del glifosato para la salud y el medio ambiente. Muchos de ellos están reunidos en un nuevo informe, cuyos coautores son nueve científicos internacionales, entre ellos Carrasco, llamado «Soya GM: ¿Sustentable? ¿Responsable?» El informe presenta más de 100 estudios que han sido revisados por pares, que objetan las declaraciones de la industria en cuanto a sustentabilidad y seguridad de la soya GM y del herbicida glifosato, de los cuales depende.

El nuevo informe fue divulgado junto con una serie de entrevistas a ciudadanos argentinos a los que había afectado la fumigación de glifosato a la soya GM. Un entrevistado es el doctor Darío Gianfelici, de Cerrito, Entre Ríos, Argentina, un médico familiar rural y uno de los primeros facultativos que informaron de problemas de salud causados a residentes por la fumigación.

Él dijo: «Nuestra ciudad experimentó cambios drásticos después de la soya. He visto a gente morir de cáncer a la edad de 30 años. He sido testigo de problemas en el embarazo y de un aumento significativo de problemas de fertilidad. He visto un aumento en las enfermedades respiratorias, como nunca antes hubiera visto. La soya GM ha sido una sentencia de muerte para los seres humanos y para el medio ambiente. Ningún dinero puede compensar el daño que se ha provocado: la contaminación, las muertes, los casos de cáncer y malformaciones».

También se entrevistó a Viviana Peralta, una dueña de casa de San Jorge, Santa Fe, Argentina, quien tuvo que correr al hospital con su hija recién nacida, luego de que la soya GM fuera fumigada con glifosato y otros agroquímicos, desde aviones que volaban cerca de su casa. El bebé se puso azul y la propia señora Peralta sufrió problemas respiratorios. La señora Peralta dijo: «Cuando vi así a mi hija, dije: ‘Basta. Esto no puede seguir’».

Peralta se unió con otros residentes para iniciar un juicio que dio como resultado que un juzgado local emitiera una resolución que constituyó un hito: prohibía la fumigación de glifosato y otros agroquímicos cerca de las casas. Peralta dijo: «No entiendo de química, no fui a la universidad, pero sé lo que ha sufrido mi familia. A la gente que no está familiarizada con este modelo agrícola, les digo: ‘No les crean a las compañías. Rechacen los agroquímicos. Háganlo por la vida de nuestros hijos’».

Soya «responsable»

La mayor parte de los cultivos de soya GM de Argentina se exportan a Europa como alimento para el ganado. Pero la soya adolece de un problema de imagen entre los consumidores europeos. Los informes acerca de que la selva amazónica está siendo destruida por la producción de soya ha llevado a presionar a la industria para que sanee su acto.

En respuesta, en 2005 se instituyó un foro sobre producción sustentable de soya, llamado Round Table on Responsible Soya (RTRS). Entre los miembros del RTRS están las multinacionales de los granos ADM, Bunge y Cargill; los compañías productoras de semillas GM y agroquímicos, Monsanto y Syngenta; los comerciantes minoristas Waitrose y Marks & Spencer, y las ONGs WWF y la organización Solidaridad, apoyada por la iglesia.

En 2011, el RTRS lanzará un rótulo opcional para la soya «responsable», que asegurará a comerciantes y consumidores que la soya fue producida teniendo en consideración a la gente y al medio ambiente. El RTRS ha sido tildado de lavado verde por más de 200 organizaciones de sociedad civil de Sudamérica y de otros lugares, porque (entre otros factores) permitirá que a la soya GM, fumigada con glifosato, se la rotule como responsable.

Ángel Strapazzón, miembro de Mocase-Vía Campesina, el movimiento campesino de Santiago del Estero, Argentina, con respecto a las afirmaciones de responsabilidad hechas para la soya GM, adujo: «Las compañías de la agroindustria tienen mucho poder y la mayoría de los medios a su servicio. A veces oímos sus mentiras y nos reímos. Dicen que es ‘sustentable y responsable’, pero en realidad sólo es sustentable para sus bolsillos».

Strapazzón está trabajando con otros granjeros en la promoción de un modelo alternativo al monocultivo de la soya GM, que promueva la soberanía alimenticia, la producción diversificada de alimentos y la agroecología

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