Gentileza del blog ecoosfera
Desde el 19 de agosto pasado, Colombia ha vivido una serie de manifestaciones de origen campesino y agrario, esto a causa de la entrda en vigor de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y el gobierno del país sudamericano que, en términos generales, privilegia los intereses de grandes corporaciones de alimentos genéticamente modificados sobre el bienestar de agricultores y aun de la misma población nacional.
Las protestas se han presentado en diversos puntos del territorio colombiano, con participantes que se cuentan en decenas de miles y protagonizadas por algunos de los sectores más importantes del campo, entre ellos los de los arroceros y los cafetaleros. Asimismo, en días recientes se han sumado otros grupos como el de los mineros, el de los pequeños productores, transportistas e incluso el sector salud, una tendencia solidaria que de algún modo demuestra que, en el fondo, el problema no es solo de los campesinos, sino que más bien se vive una situación generalizada de desigualdad social con causas comunes.
Sin embargo, en el caso específico delas protestas agrarias, hasta ahora el principal motivo de descontento es la llamada Resolución 970 del Instituto Colombiano Agropecuario, la cual prohíbe a los campesinos almacenar semillas de sus propias cosechas para siembras futuras y, a cambio, permite únicamente la compra de semillas “certificadas”, un recurso legal en el que algunos han visto el favoritismo franco para empresas multinacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta, las más importantes en el mercado de los alimentos transgénicos.
Para los campesinos colombianos esta medida atenta contra una de las prácticas más ancestrales de la agricultura, amén de los daños al campo y aun a la salud humana que conlleva el cultivo, distribución y consumo de alimentos genéticamente modificados. Y por si esto no fuera poco, la ley establece sanciones económicas y de cárcel para quienes, pese a todo, almacenen sus propias semillas.
Dharmadeva, columnista del diario colombiano El Espectador, ha llamado a esta situación “la nueva dictadura alimentaria”, aludiendo a la tendencia monopólica que afecta también al sector agrario: “cientos de miles de semillas que los neoliberales querrían convertir en tres o cuatro: maíz de los matones de Monsanto, arroz, algodón y soya de Syngenta o Dupont”, escribe el también Doctor en Derecho.
Por otro lado Eduardo Muñoz Serpa, del diario Vanguardia, señala el hecho repetido en otros países de la pobreza y la marginalidad implícitas en tratados de libre comercio que se firman entre un país altamente industrializado como Estados Unidos y otro más bien subdesarrollado como Colombia: la situación económica del primero termina triunfando sobre el segundo, aplastando las posibilidades de desarrollo autónomo de la población originaria y, en contraste, generando ganancias únicamente para quienes de inicio propusieron reglas siempre favorables para sus propios intereses. Escribe Muñoz Serpa:
En Colombia la situación del sector agrario es desesperante. Las políticas aperturistas han arruinado a los agricultores, sean ellos cafeteros, arroceros, cacaoteros, papicultores, palmeros, lecheros, avicultores, porcicultores, etc.
Los TLC condenaron al hambre a los campesinos. La importación de productos agrícolas de E.U. y de otros países a muy bajos precios, hace que nuestros agricultores no puedan competir. Aquí los insumos son caros y cultivar es costoso.
En este sentido, Arturo Wallace enlista en un artículo publicado en BBC esos productos que se importan y contra los cuales la producción local no puede competir al momento de generar ganancias y hacer económicamente sostenible el campo colombiano: cebada, trigo, soya, sorgo, algodón, papa, leche, hortalizas, cacao y azúcar.
Por otro lado, previsiblemente si se considera que en tiempos recientes hace mucho que el gobierno de un país no está del lado de los intereses de su población, el presidente Juan Manuel Santos se ha negado a negociar mientras los bloqueos persistan en el país. El domingo pasado hizo incluso una declaración desafortunada al decir que “el tal paro nacional agrario no existe”, esto a pesar de las casi 50 mil personas que se habían manifestado en días anteriores. Sin duda una notable falta de sensibilidad social que de algún modo revela en dónde está puesta verdaderamente la atención del mandatario y, en general, de la clase gobernante.
¿Cuál es el futuro que espera al campo colombiano? ¿El del dominio total por parte de las grandes empresas multinacionales que tienen como único objetivo la ganancia económica a costa del empobrecimiento generalizado? O quizá las protestas triunfen y, por esta vez, el bien común persista sobre los intereses de esa minoría privilegiada.
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